Junto al desembolso de 1.000 millones de dólares de deuda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) colocó sobre la mesa de la administración de Javier Milei una nueva hoja de ruta fiscal que amenaza con profundizar el ajuste sobre las clases medias y populares en Argentina.

El organismo multilateral recomendó al Ejecutivo implementar este año una «reforma tributaria integral» orientada a expandir de forma drástica la base imponible, incluyendo a los trabajadores en relación de dependencia y a los trabajadores por cuenta propia (monotributistas) en el pago del Impuesto a las Ganancias.

​La propuesta, detallada en el reporte “Argentina: temas seleccionados” del último Staff Report del programa vigente, busca que al menos el 20% de los asalariados del país vuelvan a tributar Ganancias, en lugar del 1% que lo paga actualmente a raíz de los rechazos expresados por la CGT.

De aplicarse, esta receta representaría una recaudación adicional equivalente al 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para el Estado. Sin embargo, para la economía familiar significará un golpe directo al ya perjudicado poder adquisitivo, en un contexto ya marcado por la disparada de las tarifas públicas y los bienes de consumo masivo.

​Una reforma que beneficia a los sectores más concentrados

​La orientación del organismo despertó duras críticas en los sectores sindicales y de análisis económico. Según un informe del periódico Página 12, bajo el título “Receta para el desastre: las nuevas directivas del Fondo para Milei”, la directriz del FMI busca en realidad disminuir la presión fiscal sobre las grandes corporaciones y el sector agrícola, trasladando esa carga impositiva hacia los asalariados y los pequeños contribuyentes.

​Para lograrlo, la organización financiera internacional propone eliminar lo que denomina técnicamente como «gasto tributario». Al respecto, el líder sindical Julio Fuentes advirtió que esta terminología es «engañosa» y que su verdadero objetivo es suprimir los regímenes especiales, las alícuotas diferenciadas y las excepciones fiscales que protegían a ciertos sectores económicos y de consumo.

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​Además de Ganancias y el Monotributo, cuyas cuotas se indexarían fuertemente en línea con lo que pagan los autónomos, las directrices instruyen al Gobierno a «actualizar» por inflación el Impuesto a los Combustibles y los tributos al tabaco. 

En total, el paquete impositivo diseñado por el FMI podría generarle al fisco un ingreso del 3,3% del PIB, justo en momentos en que el organismo acaba de girar un desembolso de 1.000 millones de dólares para saldar obligaciones corrientes, engrosando la deuda externa del país. 

Ante estas solicitudes, la Casa Rosada ya se ha comprometido formalmente a presentar un proyecto legislativo antes de fin de año.

​El «efecto Squeeze»

La receta del FMI aterriza en una economía doméstica que ya se encuentra al límite. Un reciente informe de la consultora Focus Market revela la profunda transformación del presupuesto de los hogares debido al esquema de quita de subsidios estatales y liberación de precios regulados ejecutado por el Gobierno de Milei. 

Entre marzo de 2023 y marzo de 2026, los gastos fijos obligatorios escalaron a un ritmo que dejó rezagados a los ingresos, provocando lo que los economistas denominan el «efecto squeeze» (o compresión del ingreso disponible).

​La asimetría macroeconómica en este periodo de tres años expone la magnitud de la crisis, ya que mientras la inflación general acumulada fue del 875%, el rubro específico de los servicios públicos regulados trepó un 1.120%, abriendo una brecha de 245 puntos porcentuales.

Al mismo tiempo, el salario promedio formal (RIPTE) pasó de $239.883 a $1.734.357. Aunque nominalmente representa una suba del 623%, en términos reales los sueldos perdieron de forma drástica su capacidad de compra frente a los gastos fijos.

​Radiografía de los aumentos y el impacto en el transporte

​El encarecimiento de los servicios residenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) demuestra la agresividad de la corrección oficial. A fines de 2023, un hogar promedio pagaba tarifas de luz de $3.664 y de gas de $1.380; para marzo de 2026, esas mismas boletas saltaron exponencialmente a $42.887 y $28.025, respectivamente.

​Al desglosar las subas por categorías frente a la recomposición salarial, los datos de Focus Market arrojan porcentajes alarmantes: el agua, registró la suba más severa con un incremento del 2.236%; el costo por viaje sufrió una actualización del 2.079%; el gas natural, acumuló un aumento del 1.930 % en sus cuadros tarifarios; ​energía eléctrica, mostró una variación al alza del 1.070%.

​En el caso del transporte público es el más gráfico respecto al impacto cotidiano: el boleto mínimo de colectivo pasó de costar $52 en marzo de 2023 a $700 en 2026, una escalada del 3.138%. 

En términos prácticos, lo que hace tres años alcanzaba para realizar 60 viajes mensuales, actualmente no cubre ni dos traslados, lo que elevó el peso del transporte dentro del salario de los trabajadores del 1,3% al 5,8% de sus ingresos mensuales.

En contraste, servicios no regulados como las prepagas o los colegios privados se indexaron de manera directa con la inflación general sin experimentar estos desfasajes brutales de origen estatal.

​Desplome del consumo y enfriamiento comercial

​Cuando las familias se ven obligadas a reasignar su dinero de urgencia para pagar la luz, el gas o el boleto para ir a trabajar, el consumo de bienes básicos e industriales es lo primero en contraerse. 

Las estadísticas comerciales de los últimos tres años muestran con claridad el enfriamiento de la actividad comercial masiva en el país.

​El índice de ventas desestacionalizado en supermercados sufrió una contracción real del 12,1%, descendiendo de los 93,1 puntos en febrero de 2023 a los 81,8 puntos en el mismo mes de 2026. Por su parte, los centros de compras y shoppings registraron una baja del 2,3% en el mismo periodo. 

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Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), aunque la posterior desaceleración inflacionaria ensayó un leve rebote tras el piso recesivo de enero de 2024 (cuando la actividad minorista se desplomó un 28,5% interanual), los indicadores comerciales al primer tramo de 2026 volvieron a contraerse, situándose muy por debajo de los niveles previos al inicio del ordenamiento macroeconómico.

​La vida cotidiana de los ciudadanos se encuentra a la fecha desorganizada por una dinámica financiera donde la totalidad del sueldo se drena en cubrir cuentas de subsistencia, un panorama que podría tornarse aún más restrictivo si el Congreso convalida las nuevas exigencias tributarias sugeridas por el FMI.

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